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Los líos del reparto de tierras en Gran Canaria

La conquista castellana de la isla de Gran Canaria generó tras su conclusión un grave problema: el reparto de tierras entre los vencedores. Caballeros, escuderos, soldados, comerciantes o marineros a los que se les premió con dehesas, egidos y heredamientos por su contribución a la conquista de la isla.

En este tipo de repartos, medió todo tipo de disputas, agravios y desagravios, procesos judiciales eternos e injusticias que pusieron de relieve las limitaciones de un sistema legal que tomaba decisiones muchas veces extemporáneas desde la lejana metrópolis.

Las condiciones sociales, económicas y hasta psicológicas de los colonos iniciales y los abusos de los primeros grandes propietarios crearon problemas de convivencia.

El proceso del reparto de tierras en Gran Canaria supuso una larga sucesión de disposiciones que intentaron arreglar el gran desaguisado generado por la misma distribución de propiedades y de recursos.

La primera cédula relativa a los repartimientos la firmaron los Reyes Católicos en Toledo en 1480, aún antes incluso de que concluyera la conquista de la isla. Las últimas disposiciones dadas como bando en el Real de Las Palmas (la actual Las Palmas de Gran Canaria) para clarificar el panorama de la propiedad de las tierras no se hicieron efectivas hasta 1507. Por tanto, la situación injusta e irregular se prolongó por espacio de más de 25 años.

A la Real Cédula de los Reyes Católicos d 1480, impuesta por el conquistador Pedro de Vera, que presentaba las bases del repartimiento, le siguió un recurso de 1486 en el que los beneficiados expresaron su disconformidad y los agravios a los que decían estar sometidos por la medida.

Al año siguiente, en 1487, los Reyes Católicos dieron publicidad a otra cédula que confirmaba la propiedad de los bienes. Nuevas quejas llevaron a dos disposiciones, en 1491 y 1492, para que se aclararan las injusticias que se seguían produciendo.

Finalmente, el gobernador de Gran Canaria, Juan Ortiz de Zárate, llega a la isla en 1505 con un mandato de la reina Juana de Castilla (Juana La Loca) con amplios poderes para reformar los repartimientos, deshaciendo agravios y obrando justicia, tanto en la isla de Gran Canaria, como en las de Tenerife y La Palma, todas de jurisdicción real y en las que se venían produciendo problemas con la propiedad similares.

En Gran Canaria, las tierras con más valor eran las que estaban vinculadas a los nacientes de agua de los principales barrancos: los de Guiniguada, Guayadeque, Telde, Tenoya, Tirajana, Las Madres, El Palmital, Moya, El Laurel y las cuencas de Tejeda y de La Aldea, así como las vegas de Gáldar, Guía y el Valle de Agaete.

A pesar de todas esas disposiciones y del proceso clarificador de Ortiz de Zárate, los problemas relacionados con la propiedad de la tierra y del agua se prolongaron en el tiempo por muy diversos motivos.

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